Analizando la polémica: Reforma de la tierra y ataques a agricultores en Sudáfrica

El 19 de mayo de 2025, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa llegó a Washington D.C. para fortalecer la cooperación diplomática y económica con Estados Unidos. La visita se produjo en medio de la primera oleada de refugiados sudafricanos blancos que llegan a Estados Unidos, citando ataques dirigidos contra agricultores blancos y la reciente implementación de la Ley de Expropiación de 2024. Esta legislación, que permite la expropiación de tierras sin compensación bajo ciertas condiciones, ha sido descrita por críticos como discriminatoria. Este artículo examina el marco evolutivo de la reforma agraria en Sudáfrica dentro de su contexto histórico, legal y sociopolítico. Además, evalúa la legitimidad e implicaciones de las respuestas internacionales de Estados Unidos dentro del discurso más amplio sobre derechos humanos y soberanía.

1. Antecedentes: Sudáfrica (RSA)

Sudáfrica es históricamente reconocida por superar una brutal era de segregación racial institucionalizada conocida como apartheid en el siglo XX, que comenzó en 1948. Lo que distinguió al apartheid de otros tipos de segregación fue que continuó durante el siglo XX. No fue simplemente un sistema social, sino una herramienta legal codificada impuesta por el Partido Nacional (NP), una entidad política predominantemente liderada por afrikaners (descendientes de colonos holandeses, franceses y escandinavos). Bajo el régimen del apartheid, el gobierno subyugó a la mayoría de la población, categorizándola por raza: la población negra (la mayoría), la población de color (mezcla racial) y la población india o asiática. La aplicación de las leyes del apartheid fue estricta y las violaciones podían resultar en persecución legal (South African History online, 2022). El sistema discriminatorio terminó en 1994 con las primeras elecciones democráticas y multirraciales de Sudáfrica, con Nelson Mandela.

1.1 Resumen de la Ley de Expropiación 13 de 2024: Objetivos, Justificaciones y Críticas

Sudáfrica ha implementado varias medidas de reforma agraria a lo largo de su historia, antes, durante y después de la era del apartheid. El último avance en la reforma agraria es la Ley de Expropiación 13 de 2024, promulgada en diciembre de 2024 (República de Sudáfrica, 2024).

El primer marco legislativo importante para la expropiación fue la Ley de Expropiación No. 63 de 1975. Esta ley otorgaba al estado autoridad legal para expropiar tierras con fines públicos. Sin embargo, dada su promulgación durante el régimen del apartheid, ofrecía protección limitada a los propietarios negros. Precedía a esta ley la Ley de Tierras de 1913, que restringía la propiedad de tierras por raza. Bajo esta ley, los sudafricanos negros sólo podían poseer o arrendar tierras en “reservas nativas” designadas, que representaban solo el 13% del área total del país. Estas leyes sucesivas ejemplifican un legado de despojo territorial y discriminación racial. En este contexto, la ley de expropiación de 1975 esencialmente proporcionaba un marco legal para la confiscación racialmente motivada de tierras durante el apartheid. La actualización de 2024 elimina el componente racial de esta legislación.

La Ley de Expropiación de 2024 introduce los siguientes elementos clave:

• Autoriza la expropiación de propiedad con fines públicos o de interés público.

• Establece procedimientos para la expropiación y determina la compensación con un objetivo justo y equitativo.

• Detalla escenarios donde no se otorgará compensación, conocida como compensación nula, que puede considerarse justa y en interés público (Africa Check, 2024).

Un punto central de controversia en la Ley de 2024 es la inclusión del concepto de “compensación nula”. Esta disposición permite expropiar propiedades sin compensación financiera bajo ciertas condiciones. Aunque la ley enfatiza la equidad y el interés público, los críticos argumentan que esta cláusula genera preocupaciones sobre los derechos de propiedad, las protecciones legales y las implicaciones para la estabilidad económica.

2. Reclamaciones de Refugiados y Preocupaciones de Derechos Humanos

2.1 Informes y Evidencia de Ataques contra Agricultores Blancos en Sudáfrica

Entre 2014 y 2024, se registraron un total de 635 asesinatos de agricultores. En un periodo anterior, de 1991 a 2001, se reportaron 1,254 asesinatos de agricultores, según la Policía Sudafricana en 2003. Aunque estas cifras son alarmantes, deben considerarse dentro del contexto más amplio de las tasas de criminalidad del país. En 2024, el país experimentó un promedio de 70.6 asesinatos por día (BusinessTech, 2024). Estas estadísticas incluyen víctimas de diversos orígenes y se atribuyen en gran parte a problemas generalizados como pobreza, inseguridad y débil aplicación de la ley.

A nivel mundial, la tasa promedio de homicidios en 2023 fue aproximadamente de 6 por cada 100,000 personas. En contraste, Sudáfrica registró una tasa significativamente más alta de 21 por cada 100,000 personas en 2023. De forma alentadora, esta cifra bajó a 10.6 en 2024 y luego a 9.1 en 2025 por cada 100,000 personas (Data Pandas, 2025). No obstante, sigue siendo superior al promedio mundial, indicando preocupaciones continuas de seguridad. Es importante destacar que las estadísticas disponibles sugieren que tanto propietarios agrícolas como ciudadanos comunes se ven afectados, lo que implica que la violencia no es necesariamente de carácter racial.

2.2 Política de EE. UU. hacia solicitantes de asilo sudafricanos

En respuesta a la Ley de Expropiación, el presidente estadounidense Donald J. Trump emitió una orden ejecutiva alegando que el gobierno sudafricano apunta a los agricultores blancos para confiscar tierras sin compensación justa.

La orden caracterizó la ley como parte de un patrón más amplio de discriminación y violaciones a los derechos humanos contra un grupo minoritario. La administración estadounidense declaró su intención de suspender la ayuda y cooperación con Sudáfrica a menos que se tomaran medidas correctivas. Aunque esta postura reconoce preocupaciones genuinas sobre la equidad racial y los derechos sobre la tierra, los críticos argumentan que el tema ha sido politizado. Por un lado, EE. UU. expresó preocupación por violaciones a los derechos humanos y genocidio; por otro, utilizó presión diplomática para influir en políticas internas sudafricanas. Es esencial, sin embargo, que tal preocupación por los solicitantes de asilo sudafricanos se extienda de forma coherente a otras poblaciones vulnerables enfrentando amenazas similares en todo el mundo.

2.3 Perspectiva internacional de derechos humanos: ¿Constituye esto persecución?

Para la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, la persecución se define como el maltrato sistemático o daño serio dirigido a individuos o grupos por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. Las personas que enfrentan tal trato califican para estatus de refugiado y protección internacional.

Para que un acto califique como persecución según el derecho internacional, los perpetradores suelen ser: autoridades gubernamentales como policía, militares o agencias de inteligencia; partidos políticos o regímenes gobernantes; milicias o grupos paramilitares patrocinados por el estado; y finalmente, actores no estatales que ejercen control significativo en ausencia de protección estatal.

Aplicando esta definición al contexto sudafricano, debemos preguntarnos: ¿El estado o actores semejantes al estado apuntan deliberadamente a los afrikaners? Aunque el asesinato de agricultores es un asunto grave, los datos indican que la violencia en Sudáfrica proviene de problemas sociales más amplios, como la criminalidad, la pobreza y la falta de aplicación policial, en lugar de campañas raciales.

Respecto a la Ley de Expropiación de 2024, no hay evidencia concluyente que sugiera que las tierras sean confiscadas a los afrikaners específicamente por su raza. El objetivo es apoyar el desarrollo público, no tomar tierras por razones raciales. Considerando que los sudafricanos blancos aún poseen aproximadamente el 83% de las tierras agrícolas (Brand South Africa, 2021), es probable que las tierras de agricultores blancos se vean expropiadas; sin embargo, otros propietarios también serán afectados.

En comparación, en Estados Unidos, los gobiernos locales pueden expropiar tierras privadas para proyectos públicos como autopistas, escuelas o sistemas de transporte. Esta acción se denomina dominio eminente en EE. UU. Un ejemplo notable es la expansión de la Interestatal 10 en Texas, que implicó la expropiación de numerosas viviendas y negocios para mejorar la infraestructura vial (Padua Law Firm, 2022).

3. Relación entre EE. UU. y Sudáfrica: Cooperación o Conflicto

3.1 Resumen de la relación entre EE. UU. y Sudáfrica

La relación diplomática entre ambos estados ha sido históricamente compleja. Durante el apartheid, el gobierno estadounidense criticó las políticas raciales del régimen; sin embargo, su política exterior enfatizó la contención del comunismo, lo que generó críticas de activistas antiapartheid.

Tras el fin del apartheid en 1994, Estados Unidos apoyó fuertemente la transición democrática de Sudáfrica, iniciando una nueva era de cooperación. Esto incluyó asociaciones económicas como la Ley de Crecimiento y Oportunidad Africana (AGOA), bajo la cual Sudáfrica se convirtió en el líder regional de las relaciones EE. UU.-África (Ray C.A., 2025).

Recientemente, desde la década de 2010 en adelante, Sudáfrica ha diversificado sus asociaciones internacionales, fortaleciendo vínculos con países como China, Rusia e Irán. Además, la RSA ha adoptado una postura no occidental en conflictos globales, incluyendo posiciones matizadas sobre cuestiones en Medio Oriente y un mayor enfoque en el desarrollo regional africano y la soberanía (Carroll A, 2017).

3.2 Temas clave durante la visita del presidente Ramaphosa a EE. UU.

La visita de Cyril Ramaphosa a Washington D.C. se centró principalmente en abordar las preocupaciones relacionadas con las acusaciones de “genocidio” contra la población blanca minoritaria de Sudáfrica, particularmente los asesinatos de agricultores blancos y las políticas de reforma agraria. En sus conversaciones, Ramaphosa enfatizó que la violencia afecta a todas las comunidades, no solo a la minoría blanca. La visita fue una oportunidad para reafirmar las relaciones bilaterales y aclarar el contexto más amplio de los problemas de seguridad interna en Sudáfrica.

3.3 Respuestas recientes de EE. UU. a desarrollos políticos sudafricanos

En 2024, el Parlamento sudafricano promulgó la Ley de Expropiación No. 13, que incluye disposiciones para la confiscación de tierras por interés público. En ciertos casos, sin compensación, denominada “compensación nula”. Este desarrollo provocó una fuerte reacción de la administración estadounidense, que emitió una orden ejecutiva al respecto, afirmando que esta ley apunta a agricultores blancos.

La orden ejecutiva enmarcó la legislación como parte de un patrón más amplio de políticas discriminatorias y preocupaciones por derechos humanos. Como resultado, EE. UU. indicó que consideraría suspender la ayuda y otras formas de cooperación bilateral si el gobierno sudafricano no abordaba las supuestas injusticias. Esta respuesta refleja la sensibilidad creciente de los temas de reforma agraria en la diplomacia internacional y subraya los desafíos de equilibrar la soberanía nacional con los estándares globales de derechos humanos.

4. Mirando hacia el futuro: ¿Qué sigue?

Hay aspectos positivos y negativos a considerar en esta dinámica entre Sudáfrica y Estados Unidos. En positivo, el hecho de que los líderes de ambas naciones hayan entablado un diálogo directo es alentador, ya que muestra que los temas se reconocen a los niveles más altos. Para Sudáfrica, en particular, es una oportunidad para defenderse de acusaciones que deben ser verificadas.

En negativo, la situación destaca el potencial de Estados Unidos para usar su estatus e influencia, especialmente a través de la provisión de ayuda, como herramienta de presión política. Esto plantea preguntas más amplias sobre la capacidad de los estados para funcionar independientemente de la asistencia externa. Además, la controversia expone fallas de gobernanza en Sudáfrica que continúan afectando a sus ciudadanos.

Asimismo, la orden ejecutiva de EE. UU. puede interpretarse como una infracción a la soberanía sudafricana, al parecer influir en decisiones políticas internas mediante la amenaza de no cooperación. Las sanciones suelen justificarse en casos de violaciones claras del derecho internacional. Sin embargo, en este caso, las preocupaciones planteadas, como los supuestos asesinatos dirigidos a agricultores blancos y la expropiación de tierras, no parecen estar sustentadas por evidencia de persecución. En cambio, estos problemas derivan en gran medida de desafíos estructurales internos que el gobierno sudafricano debe abordar.Si bien denunciar la injusticia y la discriminación dondequiera que ocurran es importante, tales esfuerzos deben ser imparciales y aplicarse universalmente. La indignación selectiva socava la legitimidad de la defensa internacional y puede sentar un precedente peligroso.

5. Conclusión

La visita de Ramaphosa a Washington representa un paso importante hacia el diálogo, la clarificación mutua y la posibilidad de una cooperación renovada. Sin embargo, la presión diplomática, especialmente a través de la condicionalidad de la ayuda, plantea preguntas difíciles sobre la influencia internacional y los límites de la intervención en asuntos domésticos. Ambas naciones se beneficiarán de un compromiso constructivo basado en el respeto mutuo, el diálogo abierto y un compromiso compartido con la justicia y el desarrollo. Además, las respuestas internacionales a temas complejos deben fundamentarse en evidencia y estar libres de sesgos políticos

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